RESPONSABILIDAD SANITARIA FRENTE A LAS LEYES Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN “TRANS”

Como personas del mundo sanitario y de la ciencia estamos preocupadas por los contenidos y posibles consecuencias de protocolos de actuación, leyes autonómicas y el proyecto de una Ley estatal “para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI)”, pendiente de debate en las cortes generales del gobierno de la nación. Queremos dejar constancia, ante las personas a las que estas leyes van dirigidas, autoridades sanitarias y políticas y opinión pública en general, de las siguientes consideraciones:

1.- Como profesionales con formación científica no podemos aceptar la pretensión de que el sexo en la especie humana es un “espectro”, en lugar de un hecho material constatable, no elegible, que se mantiene a lo largo de la vida. Tampoco podemos dar por válida la idea de cerebros sexuados.

2.- El género (femenino o masculino, expresión de los estereotipos asignados socioculturalmente a los sexos), no es sexo (mujer, hombre). Se pretende introducir la idea de una nueva naturaleza identitaria (identidad de género) predefinida, de carácter inmanente (como algo interno al ser y no el resultado de una acción exterior), haciendo prescindible el sexo biológico. Confundir, o incluso sustituir, el sexo por el género es una opción ideológica no científica, que deriva en errores diagnósticos y de tratamiento importantes, así como invalida datos en las estadísticas de salud y estudios científicos.

3.- Es preocupante el falseamiento de hechos biológicos y hallazgos científicos bajo la premisa de consideraciones ideológicas, e incluso el impedimento de la realización de debates académicos serios y estudios por profesionales acreditados. También la introducción de neologismos en el lenguaje médico como sustitución principalmente de la palabra mujer y de situaciones relacionadas con ellas (p.e. persona gestante, persona menstruante, persona con útero, persona sin próstata, orificio delantero en lugar de vagina, leche humana en lugar de leche materna, etc.).

4.- No se ha consultado la opinión de profesionales con experiencia en la atención sanitaria a personas con disforia o incongruencia de género para la elaboración de textos legislativos autonómicos y estatales y protocolos de actuación sanitarios.

5.- Se tergiversa el concepto “despatologizar”, pretendiendo liberar, por un lado, a quienes acuden a los servicios sanitarios del estigma de “la enfermedad”, al mismo tiempo que del “poder médico”; prohibiendo así la atención individualizada y meticulosa de la salud física y mental de las personas; evaluación que queda sustituida por la experiencia individual subjetiva y el autodiagnóstico.

6.- Esta experiencia subjetiva, al parecer con capacidad de autodeterminación, es convertida en un derecho absoluto que no necesita ser contrastado con la realidad, ni con otras experiencias. En este nuevo contexto es el deseo la única fuente de legitimidad de esta autodeterminación.

7.- En el proyecto de ley los profesionales están “bajo sospecha”, pues se prevé la presión a estos y la limitación en sus actuaciones diagnósticas y terapéuticas bajo la amenaza de multas y sanciones desmedidas, e incluso inhabilitación profesional, si cuestionan los deseos de los pacientes. Deseos que conllevan la utilización de tecnología biomédica a la carta, según las exigencias del sujeto, sin valorar si lo que desea es lo que necesita y aunque esto implique acciones médicas incluso perjudiciales, o que contravienen el principio de precaución de la medicina.

8.- De especial preocupación es la actitud clínica con menores de edad, permitiendo que, sin ningún tipo de evaluación a priori que descarte comorbilidades (espectro autista, trastornos alimentarios, depresión, etc.), historia de malos tratos o abusos sexuales, influencia de las redes sociales, homosexualidad no aceptada, etc., puedan iniciar la “transición de sexo”, sin tener en cuenta la falta de madurez suficiente para entender la magnitud que conlleva. Esta es presentada como una “solución milagrosa” a la inseguridad propia de la adolescencia, sin priorizar la consolidación de la identidad antes que la intervención de forma precipitada. Se está desestimando, además, sin ahondar en el estudio de las causas, la prevalencia altamente significativa y en crecimiento exponencial del sexo femenino en esta población.

9.- Es necesario advertir sobre el uso de los llamados bloqueadores hormonales en menores en pleno proceso de desarrollo; tratamiento totalmente experimental para esta situación clínica, con efectos secundarios graves e irreversibles y que marca el inicio de un camino de dependencia de por vida de hormonas y cirugías. Es de gran importancia tener en cuenta la experiencia de países como Suecia, Finlandia, Australia o Reino Unido, en donde, ante el daño constatado, se está rectificando y prohibiendo o limitando su uso indiscriminado y priorizando la atención psicológica y acompañamiento sanitario con enfoque socio afectivo.

10.- La obligación de un solo enfoque de atención: el “modelo transafirmativo de género” (basado en la autodeterminación), frente al modelo biopsicosocial, convierte a las personas que acuden a las consultas por cuestiones de identidad de género en unos ciudadanos singulares, pues sus problemas no serían asunto de los médicos, al menos desde el punto de vista de la relación médico-paciente, basada en la bioética y con control de calidad de la atención. Desaparecen la historia clínica, la exploración, el diagnóstico diferencial y el tratamiento consensuado y personalizado, recayendo eso sí, únicamente la responsabilidad del pronóstico en el profesional sanitario, pues sería éste el que asumiría cualquier reclamación posterior del paciente.

11.- Se está poniendo en riesgo la salud, no solo de muchos menores, sino también de las personas adultas transexuales, que van a ver disminuidas las garantías y calidad de su atención médica, al no tener en cuenta la falta de recursos especializados, listas de espera, etc.

12.- Queremos dejar constancia de la manipulación e instrumentalización que se está haciendo de las personas intersexuales, que no son personas transexuales, sino que presentan problemas biológicos asociados a mutaciones genéticas, algunas aún desconocidas; que pueden tener problemas de diferenciación cromosómica, gonadal, genital, hormonal, etc.; cuyas vivencias y necesidades asistenciales tienen tal complejidad que no han sido consideradas de forma disciplinar en estas leyes. Meterlas en el mismo saco del paraguas “trans” no resuelve sus necesidades de atención por equipos superespecializados.

13.- A pesar de la clara intención de negar su existencia por quienes promueven estas leyes, existe un aumento creciente de personas que destransicionan, consecuencia de la aplicación precipitada del modelo transafirmativo radical, especialmente ante casos con disforia de inicio súbito (cuyo número en mujeres muy jóvenes se ha multiplicado por 25 en menos de 10 años). El sistema sanitario en el momento actual no siempre protege a estas personas, a pesar de que en ocasiones pueden solicitar la destransición después de haber sufrido secuelas importantes físicas (p.e. extirpación de órganos sanos) y psicológicas.

14.- Queremos hacer una llamada de atención a aquellos medios de comunicación que, de manera poco responsable o en todo caso acríticamente, asumen y difunden noticias e informaciones procedentes del “lobby” ideológico. Este lobby sostiene el radicalismo trans-queer como algo progresista e incluso deseable, pero desconoce u obvia la realidad del sufrimiento al que está llevando a muchas personas con incongruencia de género, cuando no banalizando los efectos irreversibles de la medicación y de las cirugías que el proceso transexualizador requiere.

Los firmantes, muchos de ellos, profesionales de la salud y con amplia experiencia en la atención a personas con conflictos de identidad de género, no podemos ser cómplices, ni profesional ni éticamente, de la falta de garantías de calidad actual y reclamamos que el Ministerio de Sanidad y nuestros colegios profesionales asuman su función de velar por la salud de la población y por la seguridad clínica y jurídica de sus profesionales ante la responsabilidad que estas Leyes LGTBI nos imponen. Este comunicado podrá ser firmado por profesionales de la salud y la ciencia y por cualquier particular y organización que quiera apoyarlo.

https://forms.gle/1ZRJP51quZjeYWETA

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